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Socios de Odebrecht: Decisión del juez será revisada por una sala superior

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05/12/2017 | Total de leidas: 15

Los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, de la constructora Graña y MonteroFernando Camet Piccone, de JJ Camet Contratistas Generales; y José Castillo Dibós, de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales ingresaron ayer en el penal de máxima seguridad de Ancón 1, también conocido como Piedras Gordas.

Ahí, por decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cumplirán la medida de prisión preventiva por 18 meses que en la madrugada del lunes les impuso el juez Richard Concepción Carhuancho. Desde este penal afrontarán la investigación que por delitos de colusión y lavado de activos, bajo los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado, realiza el Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato en el Perú.

Ancón 1 es un penal que ofrece las medidas de seguridad necesarias para que su reclusión no les genere problemas personales, a la vez que asegura el aislamiento necesario para que la fiscalía prosiga sus investigaciones sin altibajos, explicaron en el INPE.

En Ancón 1 están recluidos otros procesados por el caso Odebrecht, como el ex viceministro Jorge Cuba Hidalgo, el ex gobernador del Cusco Jorge Acurio Tito o Martín Belaunde Lossio.

Si bien la prisión preventiva impuesta por el juez es por 18 meses, su permanencia en el penal dependerá del resultado de la apelación que presentaron sus abogados ante la Sala Penal Nacional de Apelaciones. Si la medida es revocada, salen antes. Si la confirman, cumplen los 18 meses.

Lo mismo sucederá con Gonzalo Ferraro Rey, directivo de GyM, contra quien se dictó 18 meses de prisión domiciliaria que cumplirá en una clínica local, donde está internado para tratarse del cáncer.

La decisión del juez

El juez Richard Concepción Carhuancho dio a conocer su decisión cerca de las 4.00 horas del lunes, tras una agotadora audiencia que comenzó el domingo, a las 9:30 a.m.

Concepción Carhuancho fundamentó su decisión en graves y fundados indicios de la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos y una alta probabilidad de que los cinco investigados estén implicados en los hechos.

El magistrado indicó que la existencia de los delitos se confirma con la declaración de Jorge Barata, las actas de la junta de accionistas de los consorcios que construyeron la carretera Interoceánica, el reparto diferenciado de utilidades por riesgos adicionales y los efectivos pagos mayores realizados a Odebrecht.

Jorge Barata declaró que coordinó, requirió y obtuvo la aprobación de José GrañaFernando Camet y José Castillo para aceptar el pago de US$ 35 millones al ex presidente Alejandro Toledo para la obtención de la buena pro de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Colaborador

Barata anotó que si bien Odebrecht realizó el pago –que se redujo a US$ 20 millones–, las otras empresas integrantes del consorcio lo compensaron. Para probar esta versión, Odebrecht presentó las actas de juntas de accionistas del 1 de junio del 2017, en las que se reconoce un mayor porcentaje de utilidades a favor de la constructora brasileña.

Los abogados de los cinco investigados explicaron que los socios acordaron un mayor porcentaje de utilidades a favor de Odebrechtpor ser lider del proyecto y para cubrir "obras accesorias".

Sin embargo, en base a los contratos de la Interoceánica, el juez determinó que los riesgos adicionales no tenían relación con las "obras accesorias", de acuerdo con los peritajes del Ministerio Público y los libros contables de los consorcios.

Además, concluyó en que los pagos por "obras accesorias" se realizaron al Consorcio, en cambio, el riesgo adicional solo fue a Odebrecht. Por ello, el juez determinó que existe alta probabilidad de que el pago por riesgos adicionales encubrió los pagos ilícitos a Toledo.

Colusión y Lavado

Luego, Concepción explicó que por la secuencia de los hechos estamos ante un acuerdo colusorio complejo, y que este se desarrolló de modo progresivo entre noviembre del 2014 a agosto del 2015.

Anotó que esta colusión no comenzó y terminó con los tratos entre Jorge Barata, Avi Dan On y Alejandro Toledo, sino que se completó cuando los representantes de las empresas consorciadas aceptaron pagar la comisión para ser favorecidos con la buena pro, pues el negocio no era de uno, sino de varios.

A continuación, el juez consideró que las utilidades obtenidas por los consorcios Conirsa, Interoceánica Sur tramo 2 e Interoceánica Sur tramo 3 eran ilícitos, pues provinieron de un acto de colusión o el pago de las coimas para ganar la buena pro de la concesión.

En ese sentido, con la disposición de las utilidades y el reconocimiento de un mayor porcentaje a favor de la constructora Odebrecht, se configuró el delito de lavado de activos.

"Los investigados Camet PicconeCastillo DibósFerraro Rey y Graña Acuña no son novatos, son empresarios de éxito, por tanto, es claro que eran conscientes de que la cesión de utilidades ocultaba un pago ilícito".

Necesidad

Por último, el juez Concepción consideró que las cualidades personales y económicas de los investigados hacen presumir que el arraigo y trabajo conocido no garantizan su sometimiento a la labor de la justicia. Además, que la pena probable que recibirían por colusión y lavado de activos sería superior a los cuatro años de prisión.

El juez calculó para la mayoría una condena de hasta 11 años de prisión. En base a lo cual concluyó que la prisión preventiva era la única medida idónea para garantizar el sometimiento de los investigados al proceso, por eso terminó accediendo al pedido del fiscal de darles 18 meses de prisión preventiva.

Los abogados defensores apelaron, a la vez que anunciaron que los cuatro investigados, que esperaban cerca del recinto judicial, se ponían a derecho de inmediato y así fue. Los cuatro empresarios llegaron y ya están en prisión.

En cifras

15 mllns de dólares fue el dinero total que Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA transfirieron a Odebrecht.

80% fue a lo que llegó el dinero transferido por ICCGSA.

Hay desacuerdo entre juez y fiscal por el tipo de colusión

El análisis que hizo el juez Richard Concepción Carhuancho de la pena probable que podrían recibir los investigados José Graña Miró Quesada, Fernando Camet Piccone, José Castillo Dibós, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Graña Acuña generó una controversia con la fiscalía.

Concepción consideró que los actos ilícitos cometidos por los empresarios constituirían delito de colusión simple, que tiene una pena máxima de seis años de prisión.

El Equipo Especial del Ministerio Público ha planteado una colusión agravada, con una pena de hasta 15 años, por lo que si bien estuvo de acuerdo con lo resuelto por el juez, el fiscal Hamilton Castro apeló la referencia a colusión simple.

Es que al tratarse de colusión simple, como advirtió uno de los abogados defensores, ya se estaría ante un delito prescrito al haber ocurrido entre noviembre del 2004 y agosto del 2005, y no se podría procesar por esto a nadie. La investigación solo podría continuar por lavado de activos.

Fuente: La Republica

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