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Usarían casación para sustentar libertad de Keiko

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15/04/2019 | Total de leidas: 55

Sospecha. Abogada Giulliana Loza apelaría a la redefinición de la prisión preventiva que hizo la Corte Suprema en el caso ONP para revocar prisión de lideresa fujimorista. Sala que resolverá pedido es integrada por dos jueces que han sido vinculados a Hinostroza.

El jueves 11 de abril, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, publicó en Twitter que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema (CS) revocó la prisión preventiva del hijo del abogado Hernán Costa, Néstor Costa López, y se la cambió por comparecencia restringida e impedimento de salida del país.

“Hemos logrado que se respete la garantía de la libertad como regla y la detención como excepción. La CS nos ha dado la razón en la casación N° 1445 – 2018, al revocar la prisión preventiva a favor de nuestro patrocinado”, celebró Loza. Costa López es acusado de haberse beneficiado con recursos económicos de la ONP. La decisión fue adoptada por los jueces César San Martín, Aldo Figueroa, Hugo Príncipe, Iván Sequeiros y Zavina Chávez.

Dos días después, este diario informó que el veredicto de la CS redefinió la aplicación de la prisión preventiva. Por ejemplo, la decisión señala que esta disposición no es necesaria así no exista arraigo laboral y que los viajes al extranjero del acusado no necesariamente constituyen peligro de fuga.

Fuentes del Equipo Especial Lava Jato cuestionaron este fallo porque el 26 de abril esta misma sala definirá la apelación que presentó Loza contra la prisión preventiva de Fujimori Higuchi por el caso Lava Jato.

Como se sabe, Loza patrocina a la líder de Fuerza Popular. El fallo de la CS sería utilizado para argumentar su liberación.

Contexto

“(Pero la casación) no es una referencia válida por su legitimidad. Fue dada en circunstancias sospechosas. Es el caso de defraudación y lavado en contra de la ONP. Además, está vinculada con el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Ahora todos quieren tomar ese precedente porque eleva las exigencias de la prisión preventiva en alguna medida, por eso es importante que se sepa el contexto”, explicó la fuente.

La sospecha requiere recordar que el 19 de agosto del año pasado, IDL Reporteros reveló audios del 31 de mayo en los que se escucha al suspendido juez César Hinostroza asesorar al magistrado Ángel Romero acerca del caso ONP.

Además, cabe precisar que Costa Alva en principio fue defendido por el abogado Pablo Talavera, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), vinculado al estudio Oré Guardia Abogados.

“Loza estaba en el proceso como abogada suplente”, contó la fuente. El 20 de noviembre, el fiscal José Domingo Pérez allanó el estudio Oré por la pesquisa contra FP y encontró recibos de pagos por honorarios a Talavera.

Por otro lado, en la interna del Equipo Especial sorprendió que la sala haya resuelto con rapidez la redefinición en el caso ONP. “Normalmente, el 95% de las casaciones son declaradas improcedentes, esta es admitida mientras que la casación contra el impedimento de salida de Jaime Yoshiyama tiene un año sin calificar”, dijo la fuente.

La otra preocupación radica en que para el caso Keiko, el juez San Martín se inhibió, por ende, la Sala Penal Permanente estará dirigida por su homólogo Figueroa Navarro vinculado a ‘Los Cuellos Blancos’, según la investigación que realizó la fiscal Sandra Castro. La sala también está conformada por la jueza Chávez Mella, quien integró la Segunda Sala Penal Transitoria cuando estuvo presidida por Hinostroza Pariachi. El 24 de febrero del 2017, esa instancia absolvió al ciudadano Mariano Faustino Huamaní, acusado de violar a una menor de 13 años.

A tomar en cuenta

Según el penalista Carlos Caro, la casación 1445 es un precedente que ayuda a la causa de Loza, pero no es definitivo porque no menciona el tema de la obstrucción a la justicia. “No es una decisión vinculante. Cuando la Sala Penal Nacional confirmó la detención de Fujimori lo hizo sobre la base a considerar que el peligro está por la existencia de una organización criminal que da lugar a la presunción del peligro procesal”, precisó. 

Fuente: La Republica

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